Apenas transcurrido un año de mandato el gobierno del Partido Popular ha impuesto una reforma laboral a medida de los empresarios. Las medidas aprobadas en el consejo de ministros del viernes 2 de Marzo, mediante decreto ley, es decir de inmediata aplicación, pusieron al descubierto la mascarada y el engaño que fue la mesa de negociación entre sindicatos y empresarios.

Desde hacía ocho meses los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), venían negociando con la patronal una nueva reforma del mercado de trabajo. Sindicatos, patronal y gobierno, declararon durante el proceso negociador, que se trataba de facilitar el aumento del empleo estable y poner cotas a la temporalidad, aunque, naturalmente, la patronal insistía en el abaratamiento del despido y una mayor flexibilidad, como sus condiciones para "crear empleo". Sin embargo el desenlace final parece indicar que el gobierno, de acuerdo con la patronal, tenía preparada las medidas a imponer.

La nueva reforma significa un duro ataque contra los trabajadores que abarata el despido y flexibiliza aún más el mercado de trabajo. En primer lugar amplía la aplicación del llamado "contrato de fomento del empleo estable" (en vigor desde la reforma laboral del 97 para determinados colectivos) que establece una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días y un máximo de 42 mensualidades del antiguo contrato indefinido. El despido barato se aplicará ahora, además de a los mayores de 45 años, a los jóvenes comprendidos entre 16 y 30 años, a los trabajadores que lleven más de 6 meses en el paro y a las mujeres en sectores con menor índice de empleo femenino (casi todos). En un país con una gran tasa de paro, sobre todo juvenil y femenino, significa en la practica la generalización del abaratamiento del despido y la reforma se ceba sobre los sectores más débiles de la clase obrera. El antiguo contrato indefinido, prácticamente, quedará reducido a los trabajadores varones entre 31 y 41 años que no lleven más de 6 meses en paro.

Es de un cinismo inaudito argumentar como hace el gobierno y la patronal que el abaratamiento del despido es para fomentar el empleo fijo, ¿ cómo se va a crear empleo facilitando el despido?. Pero mayor cinismo aún es presentar como una medida para frenar la precariedad la indemnización de ¡8 días por año trabajado! al termino de los contratos temporales. Tal miseria es más que otra cosa una ofensa para los trabajadores, ya que según los salarios medios de los contratos temporales, la indemnización podría ser de ¡88 ptas. por día!, y no hay que olvidar que, por ejemplo, en el 99 solo el 1,7% de los contratos temporales superaron los 6 meses, y esa tendencia apenas ha variado desde entonces.

La reforma acentúa aún más la temporalidad y flexibilidad laboral al eliminar, para el contrato a tiempo parcial fijo, el tope máximo de duración de la jornada, situado ahora en el 77% de la del convenio, o en su defecto la máxima legal, además de flexibilizar la distribución de la jornada laboral, en este tipo de contratos, que quedará a libre disposición del empresario. La patronal consigue así trabajadores a la exacta medida de sus necesidades.

Como también logra que uno de los llamados contratos basura, como el de formación (sin límite de edad), se haga extensivo tanto a parados de larga duración como a inmigrantes. Se trata de un contrato con bajos salarios y sin derecho al subsidio de desempleo.

Para rematar los empresarios reciben otros regalos como no pagar durante un año la cuota a la Seguridad Social cuando contraten mujeres que han tenido un hijo, y otras bonificaciones y exenciones cuando contraten, en general, a mujeres entre 16 y 45 años, a parados con más de 6 meses en el paro, a parados de larga y duración, etc. En total unos 300.000 millones de ptas. para los bolsillos de los empresarios provenientes de las arcas del estado.

Paz social y precriedad laboral

Estas medidas se dan cuando los empresarios nadan en la abundancia. Durante el 2000 las empresas españolas ganaron un 45% más que el año anterior. Dos grandes empresas como Repsol y Telefónica han obtenido los mayores beneficios en toda la historia del capitalismo español, superando por primera vez los 400.000 millones. de ptas., es decir más de 1000 millones de beneficios al día.

Y todavía quieren más, a costa de los trabajadores, y obtienen del gobierno despidos más baratos, contratos más flexibles. La patronal es insaciable. Frente a ella la política de "paz social", de consenso con la patronal, de mesas de dialogo, practicada por CC.OO y UGT, ha atado de pies y manos a los trabajadores, cuando los empresarios desde hace años han impuesto todas y cada una de sus medidas, y los sindicatos frenaban las movilizaciones en aras del acuerdo con el gobierno y la patronal.

Hay que tener presente que la reforma laboral pactada con los sindicatos en el 97 abrió el camino al abaratamiento del despido, con la excusa de combatir la precariedad, que por cierto, no ha disminuido desde entonces. La temporalidad es de un 31,6% (la media de la Unión Europea es de un 14,9%) y afecta al 73% de los jóvenes trabajadores. En regiones como Andalucía los contratos temporales afectan al 46% de los trabajadores. Si en el 97 se firmaron algo más de 8 millones. de contratos temporales en el 2000 fueron 12, 6 millones. Según datos de la propia UGT (El País Digital de 6 de Enero de 2001) el empleo temporal ha crecido un 14% desde la última reforma laboral del 97.

Incluso durante las negociaciones de la reforma los sindicatos, como agentes responsables que se dicen, estaban dispuestos a aceptar la extensión del abaratamiento del despido, a cambio de frenar la temporalidad. Inmediatamente después de impuesta la reforma, los secretarios de acción sindical de CC.OO y UGT, consideraban que más urgente que hablar de posibles movilizaciones era ¡pedir explicaciones al gobierno!. Días después surgían las primeras discrepancias entre UGT y CC.OO sobre la respuesta que había que dar al gobierno. Mientras que CC.OO no considera necesario organizar protestas contra la reforma, ya que hay que "modularlas" en función de cada momento, UGT trata de desmarcase, al menos de palabra, de una política que puede considerar excesivamente plegada al gobierno. Pero cuando habla de una posible Huelga General lo hace a largo plazo (finales de mayo) y en función de la actitud que adopte CC.OO.

No es la primera vez que los sindicatos maniobran de esta manera. En 1985, CC.OO sería la que se desmarcaría de UGT, convocando en solitario una Huelga General contra el primer recorte de pensiones realizado por el PSOE. La convocatoria vendría tras toda una etapa de pactos con los gobiernos, tanto de la Unión de Centro Democrático como con los del PSOE, y la patronal. Para CC.OO el giro del 85 significó que en las elecciones sindicales del año siguiente recortase distancias respecto a la UGT.

Si a todas luces es necesario dar una respuesta al gobierno, los últimos paros generales contra las reformas laborales del PSOE no permiten abrigar mucha confianza en la firmeza movilizadora de los sindicatos. Sobre todo teniendo en cuenta que al poco tiempo de impuesta la reforma del PP, ambas centrales acudieron a una nueva mesa, que llaman negociadora, esta vez en torno a las pensiones.

El pacto de pensiones

El resultado de la mesa de negociación fue la firma de un acuerdo entre el gobierno, la patronal y CC.OO. El acuerdo fue ampliamente difundido por los medios de comunicación, así como la polémica suscitada por la negativa de UGT a firmarlo, sus disensiones internas surgidas tras la dimisión del secretario de Acción Sindical ugetista, Pedro Díaz Chavero, o la llamada "quiebra de la unidad sindical".

El acuerdo no solo es insuficiente o ambiguo, como manifiestan algunos de sus críticos, sino contrario a los intereses de los trabajadores, de los que ahora son pensionistas o de los que en un futuro lo sean.

El punto clave es el periodo de cálculo de las pensiones. El acuerdo en ningún momento garantiza que ese periodo no vaya a ampliarse. Más bien todo lo contrario: se va a pasar de los 12 años actuales a los 15 en el 2003. Y a partir de ese año se abre la puerta para su alargamiento. Según la letra del acuerdo se revisará el plazo acordado para adecuarlo "al esfuerzo del trabajador a lo largo de toda la vida laboral". Calcular la pensión según lo cotizado durante toda la vida laboral y no en los últimos años, cuando los salarios son más elevados, significa cobrar una pensión mucho más baja.

El mismo Aznar lo dejó claro durante el acto de firma del pacto: "este acuerdo establece las bases para que el sistema de protección social tenga en cuenta, de manera progresiva, el esfuerzo de cotización realizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral". Palabras dichas delante de Fidalgo. Se puede argüir que se trata de una interpretación del gobierno, pero en esta sociedad quien realmente interpreta es el que tiene el poder: el juez es el que interpreta la ley, como el cura los evangelios y el gobierno quien realmente interpreta los acuerdos.

Un aspecto no menos trascendente, muy alabado por los firmantes, es la flexibilidad a la hora de la jubilación, que tal como se plantea beneficia claramente al empresario. Por un lado la posibilidad de jubilación anticipada es sumamente limitada: hay que ser mayor de 61 años, haber cotizado un mínimo de 30 años, se mantiene una penalización económica y sobre todo hay que estar seis meses en el paro. Es decir el trabajador está en manos del empresario a la hora de una jubilación anticipada y será como consecuencia de un despido, lo que puede facilitar de forma encubierta la disminución de plantilla.

Por otro lado se facilita prolongar la vida laboral después de los 65 años, estando libre el patrón de cotizar por el trabajador. Muchos trabajadores con bajos salarios o con la perspectiva de una pensión escasa se verán abocados a seguir trabajando. El empresario, por su parte, se encuentra con una amplia capacidad para disponer de la jubilación de sus trabajadores y podrá exprimir al máximo el trabajo sin crear empleo.

La patronal también logra importantes rebajas de cotizaciones. Cuevas, patrón de los empresarios, se frotaba las manos, tras la firma del acuerdo, afirmando que "inicia el proceso generalizado de reducción de cotizaciones", vieja aspiración de la patronal que va consiguiendo de reforma en reforma, y que merma las arcas de la Seguridad Social. Luego dirán que el sistema público de pensiones está en peligro, y que hay que apretarse el cinturón. Eso sí, los beneficios de las gestoras privadas de fondos de pensiones no dejan de crecer, en 1999 obtuvieron 16.097 millones, un 22% más que el año anterior.

Es cierto que el acuerdo contempla un aumento de las pensiones de viudedad o de la pensión mínima, pero ésta solo para los menores de 65 años. Respecto a la primera, la subida está muy lejos de lo necesario para una vida digna y cuidado se hará poco a poco a partir del 2002, sin que se hayan fijado plazos; el gobierno pensará que una subida de golpe es demasiada alegría.

La firma del acuerdo brinda al gobierno una imagen de hacer política social, después de imponer por decreto ley la reforma laboral. Pero en ambos casos la política de "paz social" de las dos direcciones sindicales ha allanado el terreno al gobierno y a la patronal. No hay que olvidar que la ampliación del periodo de calculo de las pensiones, y por tanto su abaratamiento, se inició con el Pacto de Toledo sobre pensiones, corroborado también por UGT.

El gobierno prepara nuevos ataques

Al poco de impuesta la reforma laboral, Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo, declaraba que "los cambios en el ámbito laboral no han terminado". Efectivamente, las propuestas que el gobierno ha adelantado, coincidiendo con la patronal, para la reforma de la negociación colectiva no dejan lugar a dudas. Se trata de eliminar o limitar la llamada ultraactivaidad de los convenios. Esto significa que a la hora de discutir un convenio se partiría de cero, como si el convenio anterior no existiese, los trabajadores se regirían por los mínimos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores, disponiendo el empresario de una excelente arma de presión para imponer sus condiciones.

Asimismo el gobierno del Partido Popular pretende abordar la reforma del desempleo. Se trataría de endurecer el acceso a las prestaciones por desempleo y establecer mayores "controles" sobre los parados. Sería una nueva vuelta de tuerca sobre la parte más débil de la clase trabajadora, una vez que ya en 1992 el PSOE, impusiera mediante decretazo (método que hoy critica en la oposición) el recorte de las prestaciones sociales a los parados. Estas medidas dejarían aun más desprotegidos a los parados, y a merced de aceptar cualquier trabajo, cualquier contrato precario, como reserva de mano de obra barata para la patronal, y al mismo tiempo actuarían como una presión sobre las condiciones del conjunto de la clase obrera.

El PSOE que con su política anti obrera en sus años de gobierno, despejó el camino al Partido Popular, guarda un prudente silencio ante las medidas del gobierno, o manifiesta, casi con indignación que no alentara las movilizaciones Zapatero tiene una "visión de Estado"-

Por su parte los sindicatos acuden fielmente a cada mesa de "concertación social" con el gobierno y la patronal, cuando la política de pacto solo ha traído retrocesos a la clase trabajadora. Son ya demasiados años de engaños. Para frenar las agresiones, cada vez mayores, y de forma más generalizada, de la patronal y del gobierno, el único camino para los trabajadores españoles es retomar la lucha en los tajos y en la calle, preparando el terreno para las movilizaciones más amplias de todos los trabajadores, contando con la propia fuerza de la clase trabajadora y no con absurdas mesas de dialogo social. Ya está claro, desde hace tiempo, lo que significa para la patronal y el gobierno el dialogo y la negociación.

Mayo de 2001.