Atraco a mano armada
El gobierno se niega a pagar el dinero que debe a los empleados públicos por la congelación salarial del 97, una vez que una sentencia judicial la ha invalidado. Pretende presentar un recurso para al menos aplazar el pago o conseguir una sentencia favorable en el Tribunal Supremo.
Argumenta que los tribunales han invadido el ámbito del parlamento, pasando, el gobierno, por encima de derechos elementales de los trabajadores como es el de la negociación colectiva. Presenta la congelación como una medida que fue imprescindible para el ingreso de España en el euro y para salvar el endeudamiento del estado, cargando contra los funcionarios cuando manifiesta que el coste del pago recaerá sobre la población.
Pero en la misma época el gobierno regalaba, por la cara, más de un billón de ptas. a las compañías eléctricas, y aprobó todo una serie de medidas fiscales que rebajaban los impuestos a las empresas y a los contribuyentes más ricos. Cuando hay que hacer sacrificios los gobiernos los imponen a los trabajadores y no a los ricos. ¿Qué no hay dinero para pagar?. Mentira. Las empresas y los bancos están anunciando beneficios de escándalo: el BBVA ha obtenido los mayores beneficios bancarios de toda la historia del país (ahí está el dinero), mientras el conjunto de los trabajadores ven retroceder sus salarios.
Por otra parte se comprueba a quienes sirve esta democracia: se roba a los empleados públicos en nombre del parlamento, y las mismas instituciones judiciales ofrecen mecanismos al gobierno para paralizar el pago.
Los trabajadores no pueden confiar en que desde las alturas se les conceda lo debido, como se espera la lluvia; conseguirlo está solo en sus propias manos, en sus propias acciones,¡ basta ya de tanto robo, y no solo a los empleados públicos sino a todos los trabajadores!.
Febrero de 2001
La guerra en los balcanes sigue matando
La intervención militar de EEUU y Europa, con la excusa de una "acción humanitaria", está siendo noticia debido a los casos de cáncer de los soldados que allí estuvieron. Trataban de convencer a la opinión pública de que estas intervenciones eran democráticas y humanitarias y sin consecuencias para nadie. Decían que la gran precisión de las armas modernas permitía atacar exclusivamente a objetivos militares. Esto no impidió las muertes entre la población civil y que muchas ciudades fueran devastadas, a lo que llamaban "efectos colaterales" inevitables.
Las últimas muertes de soldados en España, Bélgica, Italia, etc., demuestran que las cosas no suceden como nos quieren hacer ver. Se sabía que el uranio empobrecido presenta riesgos tóxicos asociados a su radioactividad; por si fuera poco en los últimos días de la polémica estalla el hecho de que asociado al uranio también hay plutonio y que es altamente cancerígeno.
Mientras tanto todos los Estados que intervinieron con Javier Solana al frente (fue secretario general de la OTAN hasta 1999) niegan que haya relación entre las enfermedades y los armamentos usados. Aún así Solana comunica que "hay que aclarar el tema más a fondo".
Los gobiernos europeos se están resistiendo a destruir estos armamentos, que por cierto fueron probados por primera vez en Irak por EEUU y dónde 1 de cada 7 soldados de los que fue a la "Guerra del Golfo" sufre enfermedades derivadas de estas armas.
El cinismo es tremendo. Ahora investigarán en soldados, pero poco se dice de lo que allí está pasando con la población civil. Los gobiernos saben que ninguna guerra es limpia.
Cuando las consecuencias dramáticas comienzan a ser evidentes recurren a otra arma de su arsenal: la desinformación.
Vacas locas
Los casos de vacas locas han despertado la natural y justa alarma entre los consumidores y el descenso del consumo de carne. Al mismo tiempo han puesto de manifiesto la falta de previsión del gobierno, su inoperancia y el desastre de los controles sanitarios. Faltan equipamientos en materia de seguridad alimenticia, laboratorios públicos para realizar las pruebas, veterinarios e inspectores, y es escaso el control sobre los mataderos. Incluso no existe ni infraestructura para eliminar las reses muertas y destruir los piensos de harina animal causantes de la enfermedad.
Pero sobre todo los propios gobiernos europeos, el español entre ellos, han dejado tranquilamente desarrollar la enfermedad. Desde 1996 se sabe que ésta es transmisible del animal al hombre. Las medidas de prevención han brillado por su ausencia y los piensos de harina animal no se han prohibido, a escala europea, hasta muy recientemente.
En España a pesar de que los informes
internacionales la incluían como un país no libre del riesgo de la enfermedad, el gobierno declaraba que no pasaba nada... hasta que pasó. Y si el gobierno ha retrasado las medidas necesarias ha sido por que siempre ha estado y está más interesado en respetar los intereses de los patronos de la industria ganadera que de los consumidores.
Pero quien paga el desastre es el estado, con los impuestos de la población, y los consumidores. El PP pretende aprobar un impuesto sobre la carne que en principio tendrán que pagar las superficies distribuidoras de carne, pero que el propio ministerio de agricultura reconoce repercutirá sobre el precio de venta al público.
La población paga el fraude, mientras que el gobierno está más interesado en recuperar, a cualquier precio, las ventas de carne y por tanto los beneficios privados sobre la salud pública.
Enero de 2001
Inmigración: la política criminal de la patronal y el gobierno
A principios de Enero 12 emigrantes de origen ecuatoriano morían al ser arrollada la furgoneta en la que viajaban hacinados, rumbo a su trabajo, por un tren en un paso a nivel sin barreras. El suceso tuvo lugar en Lorca (Murcia), donde se concentra un importante número de trabajadores ecuatorianos. Pero más allá del peligro que entraña este tipo de pasos, aún no eliminados por RENFE, y frecuentemente denunciados, el accidente que ha causado una fuerte impresión tanto en España como en Ecuador, ha sacado una vez más a la luz la situación de explotación de los inmigrantes, como un año antes los sucesos de El Ejido (Almería).
En el funeral la hermana de una de las víctimas afirmaba: "No señor, no sólo lo mató el tren". Es verdad. La vieja furgoneta circulaba todavía de noche y por carreteras secundarias para evitar los controles ya que los trabajadores eran "ilegales", además solo tenia capacidad para 8 plazas y viajaban 14 personas. Los trabajadores se dirigían a la plantación de la empresa Greensol S.L., cuyo propietario ya fue condenado, en diversas ocasiones, por explotación de trabajadores inmigrantes, "aprovechándose de la necesidad imperiosa del trabajador", según la sentencia de un juez, y a los que en más de una ocasión, ni siquiera pagaba el salario prometido. Esa misma empresa obtuvo el año pasado unos beneficios de 3000 millones de ptas.
Pero esta situación no es una excepción, ni un caso aislado. En Lorca se calcula que viven entre 10.000 y 12.000 trabajadores "indocumentados", la mayoría de origen ecuatoriano. Trabajan, como aquellos que sí tienen papeles, en los cultivos de brócoli y lechuga. El trabajo que realizan es a destajo, prohibido por la ley pero que es practica habitual y conocida por todos, cobrando la miseria de 10 ptas. por kilo de brócoli recogido. En una jornada de trabajo pueden recoger unos 1000 kilos por persona. Cuando no trabajan a destajo las jornadas son de 9 y 10 horas de trabajo por un jornal de 500 o 600 ptas. la hora. El trabajo infantil es frecuente. Cada día salen sin saber si van a trabajar y donde van a trabajar, dependiendo de la arbitrariedad de los capataces, contratados en una plaza de la localidad. La mayoría vive fuera del núcleo urbano, hacinados en pequeñas casas rurales.
A las duras condiciones de vida y trabajo en España se suma la enorme deuda que han dejado en Ecuador para poder viajar a España y disponer de la suma de dinero que se les exige para entrar. Dependiendo de los casos la deuda puede oscilar por familia entre las 400.000 ptas. y los dos millones de ptas. La necesidad de los emigrantes es un suculento negocio para los ricos prestamistas y mafias de Ecuador y los empresarios españoles.
Coacción patronal y gubernamental
Tras la detención del propietario de Greensol el resto de empresarios agrícolas de Lorca ha decidido no contratar a ningún inmigrante sin papeles, aduciendo el temor a posibles sanciones. Hay que ser cínicos, cuando ellos han fomentado, amparados por las leyes de inmigración, la existencia de trabajadores sin regularizar, como mano de obra barata y como reserva siempre a su disposición. La situación de estos trabajadores es límite, sin ingresos, muchos ya echados de sus viviendas por no poder pagar el alquiler y durmiendo en la calle.
Pero el gobierno no les va a la zaga a los empresarios. Tras el accidente un millar de trabajadores inmigrantes organizó una marcha desde Lorca a Murcia, reivindicando permisos provisionales y la legalización de su situación. La respuesta del Delegado del gobierno para la Inmigración, Fernández Miranda, hijo de un viejo político franquista, fue la negativa en redondo a cualquier nueva regularización, para proponer que los inmigrantes sin papeles ¡vuelvan a Ecuador y desde allí tramiten un contrato de trabajo para poder volver a España!. Poco antes, en un alarde escandaloso de desvergüenza había declarado que la situación de explotación de los trabajadores "ilegales" no le cogía por sorpresa, pues es una "realidad perfectamente conocida".
El martes 23 de Enero va a entrar en vigor la nueva Ley de Extranjería. El gobierno amenaza con expulsiones masivas e incluso ha recomendado a los alcaldes del Partido Popular, impedir uno de los escasos derechos que les queda a los inmigrantes sin documentos legales, como es el empadronamiento en los municipios, condición para recibir atención médica. Mientras, continúan las muertes de los emigrantes que cruzan el Estrecho de Gibraltar. Las más recientes, el 21 de Enero, como consecuencia del abordaje de una patrullera de la Guardia Civil sobre una patera: un muerto y cinco desaparecidos.
La situación de los trabajadores ecuatorianos en Murcia y la entrada en vigor de la Ley de Extranjería están provocando la protesta de los trabajadores inmigrantes en diversos puntos de España, como el encierro de Barcelona. Su lucha debe contar con el apoyo de los trabajadores españoles frente a los verdaderos extranjeros: la patronal y su gobierno.
Febrero de 2001
Mejoría sí, pero para... los patronos
Cada fin de año los medios de comunicación acostumbran a presentar todo tipo de balances del año transcurrido. En España se ha resaltado, en consonancia con la propaganda del PP, la buena marcha de la economía y las mejoras sociales logradas: disminución del paro, mantenimiento de los salarios, aumento del consumo. Incluso en ciertos sectores de la población trabajadora puede percibirse la idea de un aumento del nivel de vida.
Pero en un periodo que los economistas califican de expansión los frutos del mismo han salido de las espaldas del conjunto de la clase trabajadora, y su reparto ha supuesto un crecimiento gigantesco del capital en detrimento de la renta de los trabajadores.
En Noviembre la subida de precios se situaba en torno al 4% y el crecimiento de los salarios nominales en un 2,4%. La pérdida de salario real es evidente. Si en Diciembre la oportuna bajada de la gasolina puede bajar un poco la inflación, el resultado final variará muy poco. Más, teniendo en cuenta que lo que bajan por un lado lo suben por otro, como el caso del incremento de la bombona de butano en 174ptas., un 15,3%, la segunda mayor subida de la historia.
Algo tan básico como la vivienda ha subido este año un 12,5%, el mayor incremento de la década, según datos del BBVA, y el gasto en vivienda absorbe como media, nada menos que el 38% de la renta familiar y para el 2001 se calcula que absorberá un 42%. Para muchas familias obreras es entramparse para tener un techo. No es raro que la banca haya ganado este año 600.000 mlls, un 30% más que el año pasado.
La pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores, y sobre todo de sus sectores más en precario, se manifiesta en un informe de las Cajas de Ahorro: un 32% de los españoles apenas llega a final de mes y en provincias como Sevilla, el promedio de ahorro de las familias es solo del 7% sobre sus ingresos.
Pero también hay una bajada del salario relativo, es decir, en relación con el beneficio obtenido por el capitalista. Si los salarios nominales, que no reales, han aumentado un 2,4%, el beneficio de las empresas lo ha hecho en un 45%. La distribución de la riqueza social entre el capital y el trabajo es, por tanto, cada vez más desigual.
La mayor parte del empleo creado es precario: casi un 90% de los contratos firmados han sido temporales. Y a pesar de todo, el paro sigue siendo muy elevado, 2.510.110 personas, un 15% de la población activa. En Sevilla el paro
es de un 26% de los trabajadores y solo un 20% recibe prestaciones.
La temporalidad afecta a más de un 30% de los trabajadores empleados, es decir uno de cada tres trabajadores. En Andalucía, la región con mayor tasa de precariedad, la cifra es de un 46%. Están sin apenas derechos, encadenando, en el mejor de los casos un contrato temporal tras otro, siempre con la amenaza del despido, sometidos a jornadas de diez y doce horas, sin apenas cobrar las horas de más y a veces cobrando el propio salario irregularmente, sufriendo el doble de accidentes laborales, con contratos firmados en blanco o renunciando a la representación sindical. Es habitual que las grandes empresas recurran a una contrata y ésta a su vez a una subcontrata cuyos empleados provienen de una Empresa de Trabajo Temporal. Los empresarios pueden despedir a su antojo. Los salarios que reciben estos trabajadores son de auténtica miseria. En la España de todo va bien 2 mlls de trabajadores ganan menos de 100.000 ptas. y cabría preguntarse cuantos jóvenes conocen un empleo estable.
Los capitalistas usan su poder para ampliar sus beneficios a costa de los trabajadores. El paro, la precariedad, son utilizados contra el conjunto de la clase obrera: ahora pretenden abaratar el despido. La patronal siempre empuja si no encuentra resistencia; es hora de levantarle un muro, este año mejor que el próximo.
Enero de 2001