En Ecuador, el estado de emergencia declarado el 3 de octubre por el presidente Lenin Moreno, tras violentos enfrentamientos en las principales ciudades del país en el marco de una huelga general de transportes, no ha detenido la movilización de la población. Grandes protestas y bloqueos se multiplican en todo el país.

Las clases trabajadoras rechazan el paquete de medidas propuestas por Lenin Moreno, claramente regresivas; finalizan, después de cuarenta años, los subsidios públicos a los precios del carburante duplicándose su precio. Además, los trabajadores públicos pierden un día de salario al mes, sus vacaciones se reducen a 15 días y el salario de los contratados se reduce en un 20%.

Como en Venezuela, la caída de los precios del petróleo ha tenido consecuencias catastróficas. La deuda ha explotado. Bajo la presión de los banqueros internacionales, Lenin Moreno aplica una política cada vez más antiobrera: más precariedad y flexibilidad de los contratos de trabajo; despidos y privatizaciones en las empresas estatales más rentables; e innumerables concesiones para los gigantes mineros a nivel mundial. Estas medidas son a cambio de un nuevo préstamo del FMI.

La protesta y el movimiento aumentan. En respuesta al estado de urgencia, la Confederación de Naciones Indígenas declaró su propio estado de excepción, anunciando que los policías y militares que viajaban a los «territorios ancestrales» serían detenidos y juzgados por la población. La misma confederación secundó en Quito la huelga nacional convocada el 9 de octubre por los sindicatos obreros. El día 7, como respuesta a la afluencia de manifestantes en el centro histórico de la capital, el palacio presidencial fue evacuado y el gobierno trasladado a Guayaquil.

¡Lenin Moreno puede acusar a los huelguistas y manifestantes de ser golpistas o de estar manipulados, pero la protesta popular contra él y sus ataques sigue creciendo!